Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha exigido al Consorcio de Bomberos más formación para la plantilla, "una reclamación que hace el propio Sindicato de Bomberos de Cádiz, que denuncia que no se está cumpliendo con la preparación adecuada para que puedan seguir desarrollando su trabajo". El sindicato ha pedido también explicaciones sobre porqué el montante que debe destinarse para formación, y que se carga a los fondos Unespa, no se invierte y así desbloquear la licitación de unas formaciones "que les sirve para afrontar la peligrosidad de su trabajo con la máxima seguridad".

La portavoz ha señalado la situación de "indefensión y vulnerabilidad" que vive la plantilla de Bomberos, así que ha reclamado que desde el Consorcio "escuchen" las reivindicaciones de los trabajadores y elaboren un plan de formaciones "para un trabajo seguro", exigiendo además que el organismo facilite estas formaciones proporcionando el material adecuado "y que estén dentro de la jornada laboral y no tengan que usar vacaciones o días libres para asistir", tal y como marca la Ley.

Rojas ha destacado que la alcaldesa de San Fernando, como vicepresidenta del Consorcio, "tiene competencia y responsabilidad suficientes" para exigir estas explicaciones y aclarar las razones por las que no se invierte "en la seguridad de un servicio tan necesario para la sociedad".

"Sin embargo, también sabemos que la alcaldesa no cumple ni siquiera con los mínimos del servicio de bomberos en San Fernando", critica Rojas, recordando que la petición de la señalización y el mantenimiento de los hidrantes es competencia directa de los ayuntamientos. "Los bomberos vuelven a reclamar que el Ayuntamiento isleño señalice por fin los hidrantes y que haga cumplir a la empresa de aguas su mantenimiento, facilitando el desarrollo de este servicio público".

"Recordamos además que no es tarea de los bomberos ni la señalización vertical de los hidrantes ni su pintado", declara Rojas, quien recuerda también que los bomberos tuvieron que recurrir a la justicia para que se les diera la razón y finalmente se certificara que son los ayuntamientos quienes tienen que hacerlo.