Las medidas de agilización puestas en marcha por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por el COVID-19 ha permitido multiplicar por más de cinco los núcleos familiares con esta prestación en los últimos dos meses.

La nómina de mayo de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha alcanzado la cifra de 1.782.316,60 euros en Cádiz, lo que supone la máxima cuantía en un solo mes desde la entrada en vigor de esta prestación. Esto ha permitido que la ayuda haya pasado de alcanzar a 971 familias en el mes de abril, a beneficiar a 1.428 en mayo. Además, el balance de las medidas adoptadas por la COVID-19 para la agilización de la Renta Mínima supone que en Cádiz las familias beneficiarias se hayan multiplicado por más de cinco en los últimos dos meses, ya que en marzo eran 275 los núcleos familiares que contaban con esta prestación.

El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu, ha destacado el trabajo de la Consejería que dirige Rocío Ruiz, para poner en marcha medidas de agilización de la Renta Mínima. Así, la mejora de estos datos ha sido posible gracias, por una parte, a las medidas acordadas en el Decreto Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, que permite acelerar la resolución de expedientes en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, así como las solicitudes de ampliación y que ha contado con un presupuesto de 10 millones de euros.

Y, por otro lado, Andréu ha destacado la puesta en marcha de una prestación extraordinaria de la Renta Mínima destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, puesto que son las que presentan una menor red de apoyo.

Esta nueva prestación será a percibir durante cinco meses y cuenta con un presupuesto de 10,5 millones de euros. “Nos proponemos atender a aquellas

familias que se han visto directamente afectadas por los efectos del coronavirus en su vida diaria, aquellas personas que, por la paralización de la economía, se han quedado sin empleo o sin ingresos”, ha señalado el delegado territorial de Igualdad.

En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha movilizado un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a 10.000 familias andaluzas. Este paquete pretende llegar en la provincia de Cádiz a más de 1.400 familias con un presupuesto de 3,1 millones de euros.

Estas medidas relacionadas con la renta mínima, así como el resto de iniciativas sociales puestas en marcha por la Consejería para hacer frente a la crisis del coronavirus se pueden consultar en la página web www.medidassocialescovid19andalucia.com.

Todo ello va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social y que se puedan beneficiar lo antes posible de la concesión de estas prestaciones económicas. Andréu ha agradecido también el esfuerzo de los funcionarios de la Delegación Territorial y de los servicios centrales en la tramitación de estas ayudas, que ha permitido incrementar de manera significativa el número de beneficiarios.

Estas medidas extraordinarias vienen a complementar las ya puestas en marcha dentro del plan de choque de la Consejería de Igualdad para la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía como el refuerzo de 1.260 profesionales en los servicios sociales comunitarios, el impulso a la la tramitación electrónica para mejorar los procesos internos de gestión, la automatización de la validación de requisitos y las fases del procedimiento, o la puesta en servicio de un simulador online que permite consultar si se cumplen las condiciones para recibir la prestación.

Además, la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación de la normativa que regula la Renta Mínima, teniendo como base las conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto-ley realizada en colaboración con la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía.