Foto. Ignacio Escuin.

IU-La Isla pide que inste a la suspensión de los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales para que el Ayuntamiento pueda abonar las políticas necesarias para proteger a la población ve las consecuencias de la pandemia.

Izquierda Unida advierte que la aplicación de la denominada “regla de gasto” provoca que los Ayuntamientos se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria por el coronavirus. El golpe económico derivado del Covid19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que los Ayuntamientos tengan capacidad de intervenir.

“La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue restringiendo sobremanera la capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de emergencia”, asegura Gonzalo Alías, Coordinador de IU-La Isla y del Núcleo Comunista “Pepe Casado”.

Dicha Ley, que desarrolló de la reforma del artículo 135 de la Constitución, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. Por sí solo, el apartado 3 de ese reformado artículo 135, en el que se da “prioridad absoluta” a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos, por encima de los créditos de las restantes políticas de gasto, entra en conflicto directo con la definición, en el artículo 1.1. de la Constitución, de nuestro Estado como un “Estado social y democrático de Derecho”.

No sólo eso, sino que esa Ley ha supuesto una profundización en esa antisocial jerarquía de prioridades debido a la flagrante limitación de la autonomía de los Ayuntamientos, consagrada en el artículo 140 de la CE, así como de la suficiencia fiscal necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias.

En concreto, la enunciación, en el artículo 12 de la citada Ley, de la denominada “regla de gasto”, restringe injustificadamente la actuación de los Ayuntamientos en un contexto en el que, como sucede en La Isla, coexiste un superávit presupuestario con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

El Gobierno central aprobó destinar “el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social”. Pero en ese sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, se entende que el Gobierno debe seguir garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica.

Por todo ello, IU-La Isla pide a los grupos municipales de la corporación que aprueben una moción conjunta para instar al Gobierno central a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la 'regla de gasto" permita abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos.

De igual modo, que se solicite que se suspendan las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales, y en concreto de la regla de gasto, para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana, y materiales de seguridad (EPI) de empleados municipales, no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto.