La consejera Rocío Ruiz remite una carta a su presidente recordándole que son las entidades locales quienes deben poner en marcha las medidas oportunas

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha solicitado a la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) que siga las recomendaciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía en relación al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

En una carta remitida en el día de ayer por la consejera Rocío Ruiz a Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP, le recuerda que corresponde a las corporaciones locales y diputaciones provinciales el establecimiento de aquellas medidas de servicio que consideren oportunas como gestores responsables de dicho servicio, como ya le comunicó el pasado sábado 14 de marzo.

Según un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Igualdad, “la competencia relativa a la ayuda domiciliaria recae en las Corporaciones Locales, que aplican a ello recursos personales y materiales propios, en una gestión directa o indirecta por vía de los correspondientes contratos administrativos…. Por lo que la Junta de Andalucía carece de potestad alguna para ejercitar sobre el personal empleado público local o el del conjunto de contratistas o concesionarios locales”.

Además, Ruiz hace referencia a diferentes apartados de las recomendaciones hechas públicas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, organismo dependiente del Gobierno central, emitida el lunes 16 de marzo, en la que se indica que “las medidas adoptadas ante la situación de emergencia por la enfermedad COVID-19, no deben interrumpir en ningún caso las prestaciones domiciliarias que garanticen la cobertura de necesidades básicas esenciales: aseo, higiene personal y del entorno próximo, vestido, tratamientos y prestaciones farmacéuticas, de alimentación y de sueño”. En este sentido, el propio manual de recomendaciones establece que “ante la eventualidad de suspensión de la actividad por parte de las empresas o entidades prestadoras de servicios de ayuda a domicilio, se comunicará la situación de inmediato a la autoridad competente (Ministro de Sanidad)”.

Por otra parte, en otro de los apartados de dichas recomendaciones se “recomienda que el personal técnico de servicios sociales de las administraciones públicas sobre las que recae la valoración y el seguimiento de los servicios (profesionales de UTS y análogos), junto con los profesionales de seguimiento de las empresas y entidades proveedoras, en su caso, reconfiguren de inmediato y de forma personalizada el contenido de las atenciones domiciliarias prescritas en estos momentos en atención a las circunstancias”. Del mismo modo, se insiste en que “la reconfiguración de los contenidos de atención para cada caso en las circunstancias actuales debe ser flexible y adaptada a cada situación concreta”.

Por todo ello, la titular de Igualdad considera que todas aquellas corporaciones locales o diputaciones que hayan optado por modificar o suspender el SAD deben acudir al Ministerio de Sanidad para recibir las indicaciones que sean pertinentes y comunicar su decisión en este sentido.

Ruiz también informa en la misiva que en el transcurso de la Conferencia Interterritorial que se celebró ayer por la tarde “la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha indicado que va a reclamar al Ministerio de Sanidad unas instrucciones concretas sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio. A la espera de recibir dichas instrucciones le rogamos que continúe aplicando las indicaciones que se le han avanzado durante estos días”.

Equipos de Protección Individual (EPI)
Con respecto a la petición de que se proceda a garantizar el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI), Ruiz ha mostrado también su preocupación y ha aclarado que “en virtud del decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma en España, me veo en la obligación de indicarle que es el Gobierno de la Nación el que ha asumido la competencia en lo relativo al suministro de dichos EPI, por lo que estimo que es a la Delegación del Gobierno Central en Andalucía a la que debería trasladarle la FAMP esta preocupación que, por supuesto, comparte esta consejera”.

La consejera de Igualdad señala al presidente de la FAMP que es “consciente de que la situación por la que atraviesan los ayuntamientos y diputaciones en estos días dista mucho de estar regida por la normalidad, por lo que considero necesario una fructífera cooperación entre las instituciones que ambos representamos en beneficio del bienestar de los andaluces y andaluzas”.

Para finalizar, Ruiz ha mostrado su disposición a la FAMP para aclarar cuantas cuestiones vayan surgiendo en la gestión de esta difícil situación que se está afrontando, “con el deseo de que la unión de esfuerzos sea fructífera y nos permita poner freno a la propagación del virus y retomar nuestra normal actividad en el menor plazo posible”.