Las trabajadoras de la limpieza de las instalaciones municipales y los colegios públicos han asistido al pleno extraordinario del lunes en el que se debatía sobre la tasa consorcial para exigir a la alcaldesa, Patricia Cavada, que solucione su situación laboral con la empresa Expertus, que incurre en impagos de los salarios e incumple los derechos laborales de las más de 80 mujeres que trabajan para ella. Desde Podemos proponen que desde el Ayuntamiento se inicie el “rescate de las nóminas como medida urgente” para que las trabajadoras “cobren por el trabajo que realizan”.

Ernesto Díaz, portavoz de Podemos y confluencias sociales, ha aprovechado su intervención en el pleno para señalar la asistencia de las trabajadoras y exigir al gobierno local que solucione cuanto antes este conflicto laboral “iniciando el pago de las nóminas desde el Ayuntamiento”, tal y como se ha hecho en Cádiz, para que las trabajadoras cobren sus sueldos con normalidad porque Expertus es reincidente en estas prácticas en varias ciudades, e iniciar también el proceso de municipalización del servicio para dar la “estabilidad laboral y garantizar sus derechos laborales”.

El gobierno de Podemos de Cádiz “ha pedido el derecho a Expertus para hacer los pagos de las nóminas directamente a las trabajadoras”, una medida urgente que garantiza que las empleadas de Cádiz tiene una solución a corto plazo, “mientras las de San Fernando no”.

Díaz ha señalado la “crisis laboral” que las plantillas de los servicios externalizados sufren en San Fernando y que “no tienen solución por parte del gobierno local”. Crisis que afecta a las trabajadoras de la limpieza y también a las del Servicio de Ayuda a Domicilio, a los trabajadores del Teatro de Las Cortes o del Patronato de Deportes. Servicios que han sido adjudicados a empresas privadas a cambio de cifras millonarias “y que incumplen sistemáticamente con los derechos básicos de los trabajadores sin que desde el Ayuntamiento se rompan los contratos por incumplimiento”.

“La municipalización de los servicios es la única manera de garantizar que los derechos de las trabajadoras y trabajadores de San Fernando sean respetados y sus puestos de trabajo, asegurados”.