IU lamenta la decisión de Cavada y seguirá luchando por el servicio público del agua
IU La Isla lamenta profundamente la decisión de Cavada de seguir privatizando el servicio de agua de nuestra ciudad. Es inaudito que el PSOE asuma el modelo de 25 años de los andalucistas.
Patricia Cavada y el Concejal Ignacio Bermejo han decidido tomar el rumbo privatizador propio de la derecha política.
Para Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU-La Isla, es lamentable que se haya abandonado desde el primer momento la participación ciudadana al respecto y que no se haya convocado en ningún momento al Consejo local de medioambiente. Esta forma de actuar demuestra la mentira de Cavada en materia de participación.
De la misma manera, IU-La Isla denuncia el nulo interés del resto de la Corporación por exigir la fiscalización del contrato de agua saliente. Que durante 25 años nos hayan cobrado el 3'25, el rescate continuado de la empresa concesionaria, así como las mentiras del alcantarillado en barriada Bazán (que se podía haber afrontado en el mandato anterior sin perjuicio a la prórroga actual) nos parece de un cinismo brutal.
Para Gonzalo Alías el PSOE de Cavada ha demostrado tener una preocupante política más propia de la derecha, donde la privatización es el eje fundamental para la pérdida del Derecho a la Ciudad de la ciudadanía.
Es indigno que una fuerza política, que "ahora sí" dice ser de izquierdas, le que guste coquetear con multinacionales persiguen con malas prácticas a las alcaldías que sí hacen políticas progresistas (como en Valladolid, en el Puerto de Santa María o en Torrecera). Cuando las manos de las multinacionales se hacen con la gestión de recursos públicos surgen las malditas puertas giratorias, y además se les da poder de decisión en las medidas de gobierno anteponiendo su beneficios empresariales al interés general.
Gonzalo Alías recuerda que lo público permite generar empleo, controlar las tasas, garantizar los puestos de trabajo, dar desde la acción política la garantía de los derechos a la ciudadanía, y trabajar para la fiscalización de los contratos que hayan finalizado. Esta es la cultura política que defiende Izquierda Unida.