Patricia Cavada ha dado a conocer las próximas acciones en materia de accesibilidad de vivienda para la ciudadanía que busca acceder a ella en unas condiciones favorables a la vez que se ha desbloqueado la situación económica de la empresa pública de ESISA con la que podrá volver a promover vivienda pública y social que beneficie a los isleños e isleñas.

Esta propuesta se trata de “poner en marcha un nuevo modelo donde aquellos jóvenes a los que el banco les puede ofrecer un préstamo por una cantidad equilibrada a su sueldo tengan la oportunidad de acceder a una vivienda protegida en régimen de autoconstrucción”
“Esta medida de autoconstrucción consiste en que el Ayuntamiento a través de la empresa pública ESISA, cede el suelo a coste cero (ya sea la propiedad o el derecho de superficie según el caso) redacta el proyecto técnico, lleva la dirección de obra, el plan de Seguridad y Salud, los estudios geotécnicos, y bonificará los impuestos municipales al 95%. Estas viviendas se promueven en concepto de cooperativas para lo que ESISA también llevaría el asesoramiento técnico y cooperación administrativa para la puesta en marcha y gestión de la cooperativa de los jóvenes, entidad final que será quien promocione y construya su vivienda a unos costos muy inferiores a los del mercado”, ha explicado la Alcaldesa Patricia Cavada.

Régimen de concurrencia competitiva para jóvenes con rentas bajas
El ayuntamiento desarrollará un procedimiento por el cual, en régimen de concurrencia competitiva y basándose en criterios objetivos donde podrán participar todos los jóvenes residentes de San Fernando que cumplan una serie de requisitos como que los ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no superen 2,50 veces el IPREM.

Los beneficiarios al igual que en cualquier vivienda protegida, no podrán vender su vivienda de forma indiscriminada, sino que se establearán criterios de venta, siendo siempre como primera opción de compra por parte del propio ayuntamiento.
Queremos que este modelo de respuesta a los jóvenes que demandan una vivienda, pero están en ese espectro que tienen unos ingresos y podrán ser receptores de un préstamo pequeño, pero que no están en situación de tener la puntuación para ser principales beneficiarios de una vivienda con un alquiler social.

Hasta 1.000 viviendas en 4 parcelas municipales

La alcaldesa explica que tenemos suelo municipal para comenzar ofertando una experiencia como esta con un número importante de viviendas, pero iremos adjudicando suelo en función del número de demandantes que vayan cumpliendo las exigencias de este modelo.
Las parcelas disponibles para desarrollo inmediato serían en una primera fase:
- Diputado Ciscar 31 viviendas protegidas en suelo 100% Municipal (Zona Calle Real/Centro/Borrego).
- San Cayetano 688 viviendas totales en el área de las que 327 serían viviendas protegidas.
De ellas 109 viviendas estarían en parcela propiedad de ESISA (posibilidad de faseado de 55 y 54) y otras dos parcelas con 74 y 144 viviendas en suelo 100% municipal (Zona ronda Estero).
- Campo de Fútbol Bazán con 195 viviendas totales de las que 153 son viviendas protegidas. Suelo 100% municipal (Zona Montigny/Bazán/Hornos Púnicos). Este desarrollo se podía hacer compatible con la permanencia de aparcamiento en planta baja.

Y en una segunda fase:
- San Carlos 862 viviendas totales (el 25% le corresponderían a ESISA) de las que 259 son viviendas protegidas. Actualmente en tramitación de PERI (Zona Fábrica San Carlos/Casería).
- Batería Alta con 324 viviendas totales de las que 173 son viviendas protegidas. (Zona Constitución Fase I/Camposoto).
- Puerto de Gallineras 65 viviendas totales de las que 20 son viviendas protegidas (Zona Puerto Gallineras/Almadraba).
“Hemos entablado conversaciones con algunas entidades bancarias con buena acogida, ya que el una vez constituidos en cooperativa, el éxito de este tipo de programa radica en que el préstamo va a la persona demandante, no a la cooperativa, para que si alguno no abona la cuota del mismo no repercuta sobre el total de la cooperativa produciendo problemas irresolubles y niveles de riesgo que los bancos no están dispuestos a asumir.” Según indica Cavada.

En cualquier caso, se estudiará un modelo por el Ayuntamiento sea siempre quien pueda quedarse en propiedad con las viviendas de aquellos que por circunstancias no puedan afrontar el pago de sus hipotecas, cambiándoles el crédito por un alquiler social, para evitar problemas de credibilidad del proyecto ante los bancos y, apareciendo de esta forma ante las entidades de crédito como de garantía.
“Esta iniciativa, buscará que los proyectos a desarrollar por parte de ESISA sean proyectos innovadores, pensados para una población joven, con nuevas necesidades, que lo hagan aún más atractivo e ilusionante para uno de los momentos más importantes en la vida de una persona que es la compra de su primera vivienda”, ha explicado Patricia Cavada.
“Resulta imprescindible que desde la administraciones demos respuesta a los problemas de los jóvenes como futuro de nuestra sociedad. El acceso a la vivienda, pese a los cambios normativos a nivel nacional que se están produciendo para limitar el aumento injusto de los alquileres, sigue estando al alcance de pocas personas, por ello desde los ayuntamientos debemos buscar nuevas respuestas a esta situación que junto con el empleo no precario son los dos principales problemas de la juventud actualmente” matiza la alcaldesa Patricia Cavada.

San Fernando cuenta con uno de los más altos índices en la relación del número de viviendas protegidas por suelo urbano, sin embargo, también cuenta con una mayor población joven superior al resto de las ciudades de la Bahía que hace que el registro de demandantes de vivienda no disminuya.

Coincidiendo con que esta semana se ha conocido que ESISA, la empresa pública de San Fernando con estas competencias en la ciudad, ha podido liquidar una deuda histórica que arrastraba de 6 millones de euros que le impedía afrontar nuevos retos, la alcaldesa ha querido que, a las Ayudas al alquiler de vivienda de promoción pública y al Plan Municipal de Vivienda, se sume un nuevo programa para los próximos años que dé respuesta a esta situación.
“Independizarse para un joven, ya sea alquilando una vivienda o comprándola, se ha convertido en algo en muchos casos imposible incluso cuando se dispone de un empleo con unas condiciones relativamente medias. El coste del precio del alquiler no ha dejado de subir por encima del 5% al año. La subida del precio acumulado en los últimos años hace que sea imposible en muchos casos alquilar una vivienda, necesitándose un porcentaje altísimo del suelo para hacerle frente” ha declarado Cavada.

La opción de compra pese a que los pisos siguen estando aún a unos precios más bajos que cuando alcanzaron el tope en el boom inmobiliario, no han dejado de subir en los últimos años, y las entidades bancarias por una parte, no financian el total de las operaciones, pidiendo además unas garantías que un joven pocas veces puede llegar a cumplir.

A este complicado panorama hay que sumar el descenso del número de viviendas protegidas que se están ofreciendo desde el mercado público. Las entidades promotoras de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han visto muy mermada su capacidad de endeudarse por la nueva legislación, a la vez que los bancos les han dificultado muchísimo los créditos para la construcción de promociones públicas, a lo que se suma que, el último Plan de Vivienda estatal del gobierno popular, redujo en mucho las ayudas para la construcción de promociones de viviendas por parte de los Ayuntamientos.

Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, contempla, entre sus medidas de carácter habitacional, el programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción, que tiene por objeto la construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias, agrupadas en cooperativa, con la colaboración de la Administración Local en el proceso, consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la participación directa del destinatario final de la vivienda.