El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fernando encarga un informe jurídico para confirmar la legalidad de la tasa consorcial del tratamiento de residuos.

El equipo de gobierno, tras conocer las notificaciones que de forma telemática están llegando a los vecinos y vecinas de la ciudad de San Fernando en relación al cobro de la tasa consorcial por el tratamiento de residuos, ha solicitado formalmente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe que “garantice la legalidad de la misma”.

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, asegura que tras varias reuniones con representantes de la Federación de asociaciones de vecinos 'Isla de León', así como con la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), entre otros, “y teniendo en cuenta el desconcierto de la ciudadanía y las numerosas dudas que ha despertado en cuanto a si la misma es legal o no, hemos decidido dar un paso el frente para que los isleños e isleñas tengan todas las garantías de su legalidad”

Asimismo, Rodríguez solicitado una reunión urgente con el presidente del Consorcio Bahía de Cádiz, Javier Pizarro, y el Servicio de Recaudación de la Diputación provincial de Cádiz, para poner sobre la mesa la “deficiente” gestión del Consorcio Bahía de Cádiz “al no tramitar el pago de esta tasa durante los años 2016 y 2017”; además de “no acompañarlo con una campaña de comunicación e información adecuada, de forma que la ciudadanía hubiera podido conocer las razones de esta tasa, los motivos, la forma de pago, etcétera, con la suficiente antelación”.

El equipo de gobierno, al margen de lo anterior, también reitera su exigencia para que se acometa una modificación “lo antes posible” de la tasa de tratamientos de residuos “para evitar en la medida de lo posible los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, especialmente en el caso de determinadas actividades económicas, y para que la misma tenga también en cuenta consideraciones de carácter social”.

“Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad no deben pagar los problemas de gestión del Consorcio Bahía de Cádiz y del Servicio de Recaudación de la Diputación”, sostiene Rodríguez, que en todo caso, entiende que de tenerse que afrontar el pago de la misma “las condiciones de pago sean acordes a las posibilidades de cada persona, adaptándose a las condiciones particulares y empresariales, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma”.