Señora presidenta de la Junta de Andalucía:

Los muertos esperan desde hace ochenta años. Sabemos dónde están y que son demasiados. Seis de los asesinados durante el terror fascista en San Fernando durante 1936, ya nos miran, inmóviles y descarnados, desde el fondo de la fosa. Esperan ser exhumados, identificados y enterrados con la dignidad que merecen. Eso es lo que esperan de nosotros.

Aún no sabemos quiénes son esos seis hombres —como usted sabe, la primera fase de la excavación sólo eran sondeos arqueológicos para localizarlos—. Y son muchos más. La lista de víctimas es larga. Podrían ser concejales de la última corporación republicana de San Fernando, sindicalistas, obreros significados, militares que no se decidieron a apoyar la sublevación, vecinos denunciados por otros vecinos, etc. Uno de esos seis cuerpos podría ser el de Juan Mantero Valero, el último de los dieciséis concejales de San Fernando asesinados entre agosto y noviembre de 1936. Tal vez.

Un 4 de noviembre de tal año mataron a Mantero, edil republicano del Ayuntamiento de San Fernando. Tenía 44 años y bastó una bala de fusil para dejar ocho víctimas directas: él, su viuda y seis huérfanos. El resto de su familia, sus vecinos y amigos cercanos quedaron instalados en la inacción por miedo. Su muerte no fue la consecuencia de una causa judicial, sus homicidas le aplicaron un Bando de Guerra ilegal que impusieron por la fuerza bruta de las armas y por la voluntad expresa de exterminar cualquier disidencia a su causa. Los ejecutores pensaron detenidamente cómo quitarle la vida y se aseguraron dos cosas. Primero, que la víctima no pudiera defenderse y, segundo, que el acto de su muerte no supusiera ningún riesgo físico para ellos mismos. No ejecutaron a Juan Mantero Valero, lo mataron con premeditación, impunidad y alevosía. Fue un asesinato…

Pero Juan Mantero Valero no era un criminal, fue un obrero metido a concejal desde el 27 de febrero de ese año. Su delito —y el de sus compañeros de corporación asesinados o represaliados— fue tener «ideas izquierdistas y/o ser masón» y, lo que era peor, representaba la legitimidad republicana y con ello la inquina de los sublevados contra ella. Lo decía expresamente el artículo 8º del Bando de Guerra que dictó el gobernador militar de la provincia de Cádiz, López-Pinto, el 18 de julio de 1936:

«Serán depuestas las autoridades principales o subordinadas que no ofrezcan confianza y no presten auxilio debido, y sustituidas por las que designe».

Juan Mantero Valero era autoridad republicana, izquierdista y masón, condiciones que resultaban incompatibles con la patria única, grande y libre que plantearon los sublevados contra la República.

Señora presidenta de la Junta de Andalucía, él y todos los asesinados en San Fernando, esperan desde el fondo de su fosa a que los políticos actuales decidan dar el paso siguiente: sacarlos a todos, identificarlos y darles una digna sepultura.

Como usted debe saber, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando (AMEDE), integrada por familiares de represaliados por el franquismo, bajo la dirección de un equipo técnico muy implicado (arqueólogo, topógrafo, antropólogos y voluntarios), también con la magnífica ayuda logística del Ayuntamiento de la ciudad y un convenio económico con la Diputación Provincial de Cádiz —incumplido a fecha de hoy, por cierto—, comenzó las catas arqueológicas en el cementerio de la ciudad el mismo día de noviembre que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Un mes más tarde encontramos los primeros restos. Tienen ustedes un informe preciso de más de 500 páginas, con los aspectos arqueológicos y topológicos de la excavación realizada, con los detalles de cada cuerpo localizado que expone el antropólogo forense, con las circunstancias que explica el antropólogo social. Y, además, tienen ustedes las estimaciones presupuestarias y la firme voluntad de los familiares de represaliados para sacarlos a todos en la siguiente fase. Y, finalmente, tienen ustedes, señora presidenta, una flamante Ley de Memoria Histórica que esperamos sea ágil para que nos sirva a todos.

Desde que finalizaron los trabajos de localización, los muertos siguen en el fondo de la fosa. Tapados con una lona, a merced de gatos, ratas y elementos… esperando que nuestras autoridades políticas autoricen a sacarlos, identificarlos y darles una sepultura digna.

Señora presidenta, ¿qué les impide tomar una decisión?

Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática.

Social y Política de San Fernando. (AMEDE)