3R,ha registrado en los juzgados de San Fernando, sede de la Junta Electoral de Zona, autoridad competente en materia de Consultas Populares en Andalucia,una solicitud para que se determine la nulidad de la consulta establecida por este equipo de gobierno, en relación a la ejecución de una Playa canina, en nuestra playa de Camposoto,dado que se vulnera la Ley de Consultas Populares Locales de Andalucía de 2001,no solo en su contenido y procedimientos, sino hasta en la formas, dado que la mencionada legislación, prohíbe realizar consulta alguna a la ciudadania,en periodo electoral, por lo que se estaría ignorando, vilmente el ordenamiento jurídico al respecto.

Pero esta formación política, viene a pedir la nulidad de la misma, con objeto de solicitarle a la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad, qué consiste en superar la instrumentalización política que hace la señora Cavada de este asunto para tapar los verdaderos problemas de esta ciudad,serios,preocupante,algunos estructurales, con medidas como esta, qué además incumplen los procedimientos legales establecidos al efecto y generando una innecesaria fractura social, entre los isleños, en lugar de priorizar en las carencias y necesidades que tiene esta ciudad, que no son pocas. Irresponsabilidad política plantear un pseudo-procedimiento, como el advertido para “humear”, nuestros problemas de paro, deuda, estado de espacios y equipamientos públicos.

Pues bien una vez anulada, el ejecutivo deberá de someterse a la Ley de Consultas mencionadas, que incluso requiere de hasta la aprobación del Gobierno de la nación para ello, con objeto de tener garantías y legitimidad democrática, política e institucional, en algo tan serio, como pedir el voto directo a la ciudadanía, importancia que nuestros servidores públicos parecen ignorar, o no llegan a la trascendencia de la misma. Por lo tanto insistimos Legitimidad democrática y legal, en esa consulta, que hasta día de hoy carece de ella y obedece a criterios de arbitrariedad política e igualmente, nos reiteramos, a la falta de Garantías democráticas en los procedimientos.