En un año electoral como este no hay una palabra que se repita más que la de cambio. Un cambio hacia la izquierda o hacia una derecha más cerrada. Es comprensible que todo esto se herede de un contexto de crisis, término procedente del griego clásico cuyo significado era cambio. Un tiempo de crisis económica engloba todo tipo de cambios sociales y políticos.

En mi opinión, este país necesita un cambio generacional. Esto supone que se abra una brecha entre la mentalidad de las generaciones pasadas y las actuales. Esta reflexión nace de una experiencia, entre otras,  que tuve en un bar con respecto al “Caso Zaida”, si no lo conocen, se resume de tal modo: una capitana del ejército español denunció a su superior por acoso y acabó siendo maltratada por otros altos cargos del ejército.

Junto a mí, en aquel bar, se encontraban dos parejas de ancianos hablando sobre tal caso. Respetando su opinión en todo momento pues no soy quién para juzgar a nadie, escuché una serie de comentarios que son propios de su generación, pero creo que no son buenos para la sociedad actual. Entre ellos, comentaban que la denunciante no era más que una oportunista, que de por sí no tendría que estar en el ejército por ser mujer, y que las acusaciones hacia el general eran fruto de una conspiración contra él. Acompañados los comentarios de ciertos despectivos hacia ella, entendí que la presunción de inocencia  sobre ese alto cargo era muy superior con respecto a la estima de la acusación. Quizás en este país, el respeto,  o mejor dicho, la divinización hacia las figuras prestigiosas, condecoradas o encasilladas en el poder, incluso siendo imputadas o en el punto de mira de la justicia, se sigue a raja tabla. No creo que se deba deificar tanto a estas personas, más sabiendo de antemano que la meritocracia no ha caído en gracia en este país.

Pienso que, en el mismo, necesitamos una generación más estricta en cuanto a los poderes institucionales, políticos y sociales. Ya hemos visto que la corrupción se ha llevado a cabo impunemente, pero también que los tribunales de justicia se han postrado a una legalidad que no está a la altura de la justicia y la ética. Si los ciudadanos del siglo XXI no son capaces de exigir una democracia en la que sean ellos mismos los que lleven a cabo directamente las decisiones políticas o la justicia social, no avanzaremos ni un paso hacia una sociedad más justa y equitativa.