Cáritas Andalucía ha presentado esta mañana, en la sede del Arzobispado de Sevilla, el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía que recoge los datos autonómicos del Informe Foessa 2013.  Según este informe, la comunidad autónoma andaluza es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España.

Andalucía tiene una de las rentas más bajas, y registra una tasa de pobreza y exclusión, del 38,3%, la segunda más alta de España, aun cuando otras comunidades autónomas tienen niveles de renta similares. Éste es uno de los datos que recoge el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía presentado esta mañana. La situación de crisis sigue notándose especialmente en los hogares andaluces en los que ha aumentado, en numerosos casos, la carencia material severa derivada de retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda. Además, señala este informe que se ha producido un incremento muy importante de los hogares que manifiestan tener mucha dificultad para llegar a fin de mes.

Otro de los datos preocupantes recogidos en el informe es que se ha producido un incremento de la desigualdad en Andalucía, una evolución ligeramente superior a la de España. La progresiva reducción del PIB per cápita de Andalucía desde el año 2008 ha venido acompañada de un incremento de la desigualdad. Una desigualdad que ha crecido un 9,1% entre 2008 y 2012.

Todo ello supone que un millón de andaluces, lo que equivale a 334.000 hogares, vive en situación de pobreza severa. Además, 2,1 millones de andaluces o, lo que es lo mismo, 697.000 hogares (el 25% de la población) están en condiciones de exclusión social.

En este sentido, los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad andaluza son los relacionados con el empleo, la vivienda y la salud. Además, el 47% de la población de Andalucía sufre la exclusión del empleo. La adquisición de estudios más allá de los obligatorios, multiplica por 1,3 la posibilidad de tener un empleo en estos momentos. El desempleo afecta en muchos casos a todas las personas activas del hogar, una situación que se hace más larga entre los sustentadores principales del hogar y que en muchas ocasiones no se acompaña de alternativas formativas que mejoren la empleabilidad de las personas que lo sufren. La tasa de baja intensidad en el empleo de los hogares situados en Andalucía es del 21%, muy superior a la del conjunto estatal (18%).

Salud y vivienda entre los principales problemas

Por otro lado, una de cada tres personas en Andalucía está afectada por factores de exclusión residencial (accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda); y una de cada cuatro personas se encuentra afectada por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación y de dependencia, siendo 2 de cada 10 los hogares en los que existen problemas serios para seguir los tratamientos médicos (21%), y para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales (21%).

La ayuda de la institución familiar para afrontar los problemas económicos también ha disminuido. Un 34% de la población en Andalucía no cuenta con alguna persona que pueda ayudarle cuando tiene problemas (más de 2,8 millones de personas) frente al 30% en España. Los hogares más vulnerables utilizan preferentemente los servicios prestados por Cáritas (22%), y en menor medida, los servicios sociales públicos locales (21%) y los servicios ofrecidos por otras entidades (21%).

Familias con niños y jóvenes los más afectados

En cuanto a perfiles, la exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con niños y jóvenes, triplicándose el riesgo de exclusión social en las personas extranjeras no UE15, y duplicándose en los desempleados y las personas con un empleo irregular.

Así, desde Cáritas Andalucía aseguran que el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía arroja una situación especialmente preocupante, ya que el núcleo central de población “sin problemas” es hoy una minoría en Andalucía, y que esta corriente de exclusión social, que ya estaba presente antes de la crisis, está comenzando a convertirse en un dato estructural de la población andaluza.