La profunda descentralización que se ha producido en nuestro país, trajo consigo un sinfín de efectos positivos para comunidades autónomas y municipios. La consecuencia fue que cada administración adquiría competencias en materias donde la cercanía y el conocimiento profundo de sus ciudadanos eran primordiales. Lamentablemente fue también la excusa perfecta para que se creara un entramado de administraciones intermedias y empresas públicas donde los partidos políticos aprovechaban para dar cabida a gran parte de sus allegados.

Esta administración paralela, gracias a la falta de un catálogo de competencias claramente diferenciadas y a una alarmante opacidad financiera, se ha convertido en el verdadero lastre de nuestro país. Los ciudadanos jamás verán a candidatos a diputados provinciales o a presidentes de diputación, y aún menos asistirán a debates sobre los programas o proyectos que abordarán las diputaciones. Esta falta de legitimidad democrática debería ser motivo más que suficiente para cuestionar esta institución. Si a esto le sumamos que entre las diputaciones provinciales, forales, cabildos y consejos insulares tienen una deuda acumulada que ronda los 7.300 millones, queda claro que urge echar el candado.

Asimismo contamos con un Senado que nadie sabe exactamente para qué sirve. Todas sus funciones, a excepción de una que jamás se ha utilizado, se solapan con las funciones propias del Congreso de los Diputados. A pesar de eso, cuenta con un presupuesto nada desdeñable de 50 millones de euros. La suma de estas dos instituciones, tan alejadas de la ciudadanía que nadie sabe a qué dedican su tiempo, ronda los 95.000 millones de euros durante una legislatura.

El motivo económico parece razón más que suficiente como para colgar definitivamente el cartel de “cerrado” en muchas instituciones y empresas parásitas, pero hay un asunto que me parece, como mínimo, igual de importante. El hecho de que las competencias de cada administración no estén definidas de forma clara y que estén sumidas, en muchos casos, en un mar de opacidad, da lugar a batallitas dialécticas que abarcan desde las más altas instancias de la administración hasta las más humildes.

En Sanlúcar llevamos muchos años escuchando discrepancias en cuanto a quién le corresponde retirar la tubería que cruza Bajo de Guía, a pesar de que desde Diputación prometan una y otra vez su desmantelamiento. Los desperfectos causados por los últimos vendavales en el paseo marítimo dicen desde el Gobierno que, aunque su construcción fue a cargo de Costas, se le fue entregado para su conservación y mantenimiento al Ayuntamiento. ¿Pero quién le da los recursos económicos para ello? Demarcación de Costas tiene potestad para cobrar un canon por usar la playa para, por ejemplo, las famosas carreras, ¿pero quién se hace responsable de regenerar nuestro litoral?

Sin embargo, las batallitas no solo se montan cuando toca rascarse el bolsillo y poner dinero encima de la mesa. En asuntos tan importantes como el empleo también usan a la perfección la demagogia y la falta de transparencia en cuanto a competencias. Pretenden, de esta forma, difuminar la culpa y hacernos pensar que un Ayuntamiento tiene la misma responsabilidad que el Gobierno Central sobre la tasa de desempleo. A la inversa ocurre exactamente lo mismo: hemos visto estos días en Andalucía cómo el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que bloqueaba la reapertura de la mina de Aznalcóllar y que suponía la creación de 1.300 puestos de trabajo. La rápida reacción de la Junta de Andalucía que accedió a que sea el Estado el que inicie el proceso y, por lo tanto, se pusiera la medallita, fue suficiente para que el Ejecutivo de Rajoy retirara el recurso en tan solo 24 horas.

No debe ser nada complicado elaborar, como decía al principio, un catálogo en el que se  establezcan las responsabilidades de cada administración. Si esto no se ha hecho antes es, como casi siempre, porque los propios políticos se benefician de esta confusión creada por ellos mismos. ¿Alguien me puede explicar por qué el Gobierno recorta en Sanidad, Educación y Servicios Sociales cuando estas materias están transferidas a las Comunidades? ¿Alguien me explica por qué los concejales del PP en todos los municipios critican a las Comunidades por haber recortado en esas tres materias?

¿A quién le pedimos los ciudadanos explicaciones?