Una semana más se ha demostrado que, en contra de lo que nos dicen desde el Gobierno, salir a la calle para exigir nuestros derechos sí sirve. Manifestarse para reivindicar lo justo, a pesar de que se nos tilde prácticamente de terroristas callejeros, sí tiene sentido y puede hacer que a nuestros gobernantes no les quede más remedio que rectificar. Lo triste del asunto es que, al igual que ese chiquillo repetidor que le sacaba dos cabezas al resto de la clase, utilizan su fuerza y su poder desproporcionado para vengarse de forma cruel y torticera de esos colectivos que les han puesto entre la espada y la pared.

“La marea blanca ya no cuenta con el apoyo de hace unos meses, puesto que es una marea que se construyó sobre falsedades. Estas protestas se han convertido en pequeñas olas, porque no llegan ni a marejadilla", decía Salvador Victoria, Consejero de la Presidencia de la C. de Madrid. El 27 de enero saltaba la bomba: El TSJ de Madrid rechazaba el recurso del Ejecutivo de Ignacio González y éste declaraba que paralizaba la tan criticada privatización de la Sanidad a la vez que su Consejero de Sanidad, Lasquetty -otro que se mofaba del tamaño de la marea hasta que fue engullido por ella-, anunciaba su dimisión. Sin embargo, como decía en el primer párrafo, a las pocas horas mostraban su particular forma de encajar el golpe al anticipar el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, un recorte adicional en dicha Comunidad de 130 millones en materia de Sanidad. Solo le faltó por decir “para chulos, nosotros, que para eso nos habéis votado”.

Algo parecido ocurrió en Valencia con la Radiotelevisión Valenciana cuando la Justicia tumbó el ERE declarando nulo el despido de más de mil trabajadores. La respuesta en forma de coz del Gobierno valenciano fue fulminante: cierre de la entidad y 1.700 trabajadores a la calle. Fabra lo justificó afirmando que tiene la obligación de priorizar los servicios básicos, cuando bien haría en investigar por qué se produjo el agujero de 1.200 millones. Se quejaba de que los gastos de personal de esa plantilla suponían 6 millones de euros al mes. En los tiempos de los desvaríos financieros en esa Comunidad se enterraron 300 millones en unas carreras de F1, sin embargo aún no lo he oído quejarse de ello.

Y para acabar, como no podía ser de otra manera, tenemos al ministro Wert, todo un especialista en eso de demostrar lo gallito que se puede poner uno cuando cuenta con una mayoría aplastante. Jamás perdonó a los estudiantes Erasmus por el bochorno que le hicieron pasar en noviembre cuando le obligaron dar marcha atrás en el recorte a dichas becas, llegando Bruselas a calificar las declaraciones del ministro como ‘basura’. Desde ese preciso instante comenzó a cocinar su venganza, hasta que esta semana por fin la consumó al anunciar que para el próximo curso las becas de los Erasmus se limitarán a un plazo entre cinco y seis meses, que se endurecerán los requisitos para acceder a ellas y que, además, se exigirá un nivel B2 o superior del idioma de la universidad de acogida.

Estos tres ejemplos no son ni mucho menos hechos aislados, más bien todo lo contrario. Es el reflejo de una manera de hacer política muy definida, el resultado de una forma de proceder muy concreta. La venganza de Ignacio González, la de Fabra o la de Wert responden a un modo de ser. Es la venganza del mal perdedor.