Son varias las veces que he escrito sobre los pasos atrás que se están dando en cuanto a libertades fundamentales se refiere. Intentar modular las manifestaciones, grabar imágenes de manifestantes e incluso crear un registro de ellos son algunas de las cosas que venía denunciando hasta ahora.

Sin embargo el  borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal  que ha encargado el Sr. Gallardón se lleva el primer puesto con una ventaja abismal sobre el segundo. Con esta medida se permitirían a los jueces que autoricen a la policía la instalación de programas  troyanos en los ordenadores de las personas investigadas para obtener la información que contienen. El texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos, lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes. Todo esto se produce cuando media Europa está en pié de guerra contra EE.UU. por el espionaje sistemático que han realizado no solo a ciudadanos de su país, sino también a entidades europeas y ciudadanos anónimos entre los que nos podríamos encontrar cualquiera de nosotros.

En principio parece una medida con las mejores intenciones, es decir, capturar al delincuente. Pero sabiendo con los bueyes que aramos me parece no solo anticonstitucional y un verdadero ataque a derechos y libertades básicos, sino además una herramienta peligrosísima en manos de personas que ya han demostrado su parcialidad en demasiadas ocasiones y que no viene más que a confirmar la idea del estado policial que pretenden crear.

Al artículo 350 de la propuesta dice literalmente “el Tribunal de Garantías podrá autorizar, a petición razonada del ministerio fiscal, la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que la medida resulte proporcionada para la investigación de un delito de especial gravedad”.

Las primeras preguntas que se me ocurren así, a bote pronto, serían ¿Qué personas conformarán ese Tribunal de Garantías? ¿Se instalarán estos programas o escucharán sus conversaciones telefónicas solo en función del color político de los investigados? ¿Por qué sigue siendo el juez Garzón el único condenado en todo lo relacionado con la trama Gürtel precisamente por pinchar un teléfono? ¿Investigó algo que no estaba previsto?

Si el ejemplo de Garzón fuera el único no pasaría de ser una mera anécdota, pero si a esto le añadimos que al juez Bermúdez lo apartaron del “caso Gürtel” a favor de otro juez más cercano a los intereses del poder, o que hace unos días la Fiscalía ha decidido recurrir el ingreso en prisión de Blesa -el banquero de Aznar- a la vez que ha anunciado que estudia presentar una denuncia contra el magistrado Silva, el asunto comienza a recordar peligrosamente a tiempos pasados en un momento en el que Rajoy se ha garantizado el control político del Tribunal Constitucional al renovar hace dos semanas a cuatros de los 12 miembros que lo conforman con jueces afines a sus ideas en este órgano clave que se supone independiente.