Con el título de este artículo no me estoy refiriendo a ninguna delegación ni a ninguna instancia pública dependiente de consejerías o ministerios, sino precisamente a eso: participación ciudadana activa.

Por una parte, en este primer capítulo,  estoy hablando de esa participación ciudadana que el gobierno del PP intenta amordazar en las calles amenazando con cacheos y  con pedir identificación a los participantes en manifestaciones, en las instituciones convirtiendo cualquier intento de debate en ataques verbales que precisamente buscan la imposibilidad del propio debate y en la televisión pública -que pagamos entre todos- vetando a ciertos políticos o portavoces de plataformas y asociaciones.

Llevan ya varios días bombardeándonos con informaciones futuras, es decir, adelantándonos lo que va a ocurrir el viernes 26 de abril en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para justificar de esta forma el blindaje al que será sometido gracias a 1.400 antidisturbios        -que también pagamos entre todos- y asegurando de antemano que los manifestantes buscarán el enfrentamiento con la Policía. A mí se me ocurre que la única forma que existe para no equivocarse asegurando tal extremo es teniendo a policías de paisano entre ellos y que éstos sean precisamente los que caldeen el ambiente y sean los que comiencen de alguna forma esos enfrentamientos. Son muchos los testigos que ya habían avisado de que esto efectivamente había ocurrido en manifestaciones anteriores, algo que siempre es complicado de averiguar, pero los videos de antidisturbios deteniendo y golpeando por error a uno de esos compañeros nos sacaron de toda duda.

En las instituciones son muchos los ejemplos que se podrían poner, pero quizás lo ocurrido en Bruselas este mismo miércoles sea, por su cercanía en el tiempo, un buen caso para exponer. Ahí se presentaban ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Ada Colau                -portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca- y un colectivo de afectados por las preferentes para pedir amparo a las instituciones europeas por un drama que afecta a 400.000 personas en España y denunciar las ayudas y rescates de los gobiernos del PSOE y PP a la misma banca que estafó a sus clientes con esas hipotecas, preferentes y otros productos financieros. La respuesta por parte del eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz no se dejó esperar atacando a Colau a la que tachó de dictadora y a la que acusó de promover una campaña de “acoso e intimidación” a los cargos electos de su partido.

¿Reacción de nuestra TVE? Cancelar una entrevista que la propia Ada Colau ya tenía concertada en un programa que, curiosamente, se llama “Para todos La 2”. Increíble pero cierto. Ver para creer.