Malditos desahucios
Lo cierto es que, sin pretender ser exagerado, por día que pasa tengo más miedo en el cuerpo, y es que algo de verdad debe tener aquel refrán que decía que si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Es lo que me inspira la actualidad española.
Y digo esto, porque realmente no sé a dónde vamos a parar. El incremento del índice de paro está alcanzando cifras de record histórico, el índice de pobreza, incluida en ella la pobreza infantil, que es más dolorosa si cabe, se incrementa como la espuma sin que nadie parezca hacer nada al respecto, la prima de riesgo, la caída del IPC., etc., problemas todos ellos gravísimos que repercuten de manera drásticamente directa sobre miles de personas que están perdiendo sus casas, personas que no hace mucho tiempo tenían sus vidas normales, como la suya, como la mía. Gente normal y anónima que vivían de su trabajo y que de la noche a la mañana lo han perdido todo, algunos hasta la vida.
El incremento de las hipotecas que se están ejecutando en nuestro país, con lo que conlleva de dramas personales y familiares, ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de un mayor control financiero.
Los bancos han estado aplicando, aplican actualmente, clausulas abusivas que de ninguna de las maneras pueden ser amparadas por cualquier sistema democrático que respete los derechos humanos. Y no hablo ya solo de la últimamente renombrada teoría de la dación en pago, algo que en principio sería lo justo y lo lógico, sino que pretendo ir un poco más allá.
Yo puedo entender que a una familia que deje de pagar su hipoteca por un estado de insolvencia sobrevenida se le embargue la casa, pero que la deuda de esta familia continúe siendo insalvable y que no la puedan afrontar después de esta tragedia, ya es algo que ciertamente se sale de mi entendimiento, porque es incomprensible, al menos para mí, que ningún banco haya entregado nunca una cantidad de dinero superior al valor de la vivienda que se adquiere. Eso es mentira. Yo no me lo creo. No obstante, si así lo hicieron, que se exijan responsabilidades y que corran ahora con las consecuencias de su mala praxis, o lo que es lo mismo, que se jodan.
Todo crédito hipotecario se debe cancelar con la dación en pago. Así debe quedar regulado por la ley, pero no solo eso, sino que además, en el proceso monitorio o de embargo que se pudiera emprender contra cualquier familia morosa que no puede afrontar el pago de su hipoteca por causas justificadas, debería estar arbitrado por alguna institución ajena e independiente, que bien podría ser el propio Estado. Es más, en el caso de embargo, los bancos deberían amparar a las familias embargadas, no pudiéndolas echar a la calle, aplicándoles algún tipo de alquiler social, que podría incluso estás subvencionado, o regulado como un instrumento de desgravación fiscal, derivando las pérdidas que se pudiera originar hacia ese banco llamado “malo” que se pretende constituir, o ¿acaso este solo va a soportar los tóxicos originadas de manera directa por las entidades financieras?
En el año 2003 ya existió una propuesta de ley de sobreendeudamiento que murió sin llegar a buen puerto, a pesar de que muchos países de nuestro entorno contaban con este tipo de instrumento legal.
En España, lo único que puede hacer una familia desahuciada es presentar una suspensión de pago, pero esta es una solución ideada para la clase empresarial, puesto que los particulares difícilmente se pueden costear un proceso de estas características.
Por fin esta semana, el Gobierno ha decidido crear una comisión para analizar el problema de los desahucios pactando con el principal partido de la oposición sobre este tema. Esto es muy importante, porque creo que ha llegado la hora de hacer política de altura, para procurar entre todos un entendimiento que más que nunca es obligatorio y muy necesario entre las fuerzas políticas y los entes sociales.
En la actualidad el procedimiento legal de ejecución hipotecaria es criminalmente cruel contra los deudores. La legislación española no deja demasiado margen al respecto, así que los jueces aplican la ley, sin casi tener margen de maniobra, y por tanto no pueden utilizar argumentos morales a favor del más desfavorecido.
Los jueces no pueden, pero los políticos sí, rotundamente sí. Es más son los políticos los que están obligados a elaborar nuevas leyes que contengan todos esos preceptos morales, como argumentos para modificar las leyes actuales buscando un futuro más equilibrado y justo.
Aquí no podemos conformarnos con medias tintas. No basta con parchear jurídicamente la situación para salir del paso y excusar nuestras conciencias frente a los últimos suicidios publicados en prensa. Se necesita, y de manera urgente remodelar totalmente nuestra legislación para hacer frente al sobreendeudamiento familiar motivado por el boom económico y la burbuja inmobiliaria, originado por el padecimiento de esta maldita crisis que se alarga en el tiempo y que perdura mucho más de lo que todos pensaban al principio.
Las familias necesitan un procedimiento similar al de los promotores. A ellos si se les permite la dación en pago, aunque con un procedimiento penoso y caro. Las familias necesitan soluciones a esos problemas que cada vez son más comunes, maneras de encontrar una solución, pero sin que empeore sus ya más que maltrecha situación económica. Es necesario encontrar la manera de solucionar estas enajenaciones porque esos sobre los que la crisis se manifiesta de manera más rotunda y despiadada merecen, cuanto menos, una segunda oportunidad.
Hay que cambiar para todas estas familias el tipo de interés, el tipo de hipoteca, buscar formas de renegociación financiera, con condiciones mucho más humanas. Se han de alargar los plazos, y potenciar la idea del alquiler social, todo antes de que nadie vuelva a quitarse la vida por estos asuntos.
El Código de Buenas Prácticas debería ser exigible en España a todo el mercado financiero, no permitiéndosele conductas abusivas. Hay que acabar de una puta vez con todos estos especuladores que se han estado enriqueciendo a costa de todos nosotros sin ninguna moral. ¡Basta ya, por Dios, basta ya!